La participación ciudadana no es solo aparecerse a votar cada cinco años en la elecciones presidenciales y parlamentarias o cada cuatro años en las elecciones municipales. Nuestra Constitución Política, en su artículo 7, establece que “Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa” aunque nos cueste creerlo después del desastre electoral del 6 de noviembre pasado, donde reinó el abstencionismo con un 80%. En el mismo sentido, en el artículo 50 se plasma el derecho de la “participación ciudadana en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal” aunque en estos últimos años de crisis haya existido represión generalizada, aprehensiones ilegales y gente opositora al gobierno obligada al exilio; aunque, para estas elecciones, todos los candidatos opositores posibles fueron apresados, y los partidos opositores creíbles, fueran apartados de la contienda electoral de manera violenta e ilegal.
Aunque no lo creamos, existe una ley que se llama “Ley 475, Ley de Participación Ciudadana de Nicaragua” que dice expresamente, en su consideración 3, que “Para el manejo de forma transparente de la cosa pública y la gobernabilidad del Estado, se requiere de una efectiva participación ciudadana, normada y regulada con el objeto de perfeccionarla, lo que representa una legitimación constante de los actos del gobierno” aquí aclaro, esto no es un informe de repudio a la gestión pública que hacen las organizaciones de sociedad civil, esto está plasmado en la constitución, es un derecho que tenemos, no un acto en contra del gobierno de turno que ha creado sanciones que prohíben pensar en oposición a sus doctrinas, es una ley que nace de la Constitución de nuestro país que es la suprema ley de todas las leyes que está por encima, aunque nos sorprenda, de las leyes de “ciber delitos y ley de traición a la patria”.
La ley 475 es una ley que nos invita a participar de manera activa de la formulación de políticas y proyectos de ley que afecten nuestra vida cotidiana, mediante la construcción de espacios y mecanismos de consultas donde la gente pueda expresar lo que sienta acerca de determinados proyectos y leyes que el gobierno pretenda desarrollar. Aunque parezca que esta ley no exista en nuestro país, nosotros tenemos el derecho legítimo de participar en espacios de toma de decisiones y comunicar las cosas que nos parezca o las que no nos parezcan.
Cuando estaba pequeña, recuerdo que en la tele hablaban de cabildos municipales y comités de desarrollo municipales que nunca entendí y nunca conocí, ahora se escuchan cada vez menos, pero hablando con mi mama, entendí que son espacios de participación ciudadana donde la gente llega a conocer del trabajo y la planificación que desarrollan las alcaldías. Claro, parece que ahora no funciona porque no lo volví a escuchar, pero las alcaldías están obligadas a crear estos espacios y comunicar a la población. Una cosa importante que descubrí de la Ley 475 es que en su artículo 8, establece que la gente de manera individual o en grupo, podrán solicitar y recibir en un plazo razonable, información veraz y oportuna por parte del Estado. Es decir que el Estado tiene la obligación de dar información acerca de las cosas que hace; no es broma, y aunque vivamos en momentos que hacen ver que esto que les cuento parezca mentira, podemos pedir información al Estado y el Estado está obligado a darla, al igual que cuestionar la gestión del Estado sin que sea motivo de cárcel.
Participar no solo es votar, es construir e incidir en espacios de toma de decisiones, es cuestionar la gestión del gobierno y pedir cuentas. Es más que un voto participar y tiene lógica porque nuestras autoridades no son más que gente que administra la cosa pública por un tiempo determinado, gente que trabaja para nosotros y gente que, por tanto, debe rendirnos cuentas y nosotros pedirlas. No son patrones las autoridades públicas, mucho menos dueños de Nicaragua, tampoco Dioses, son personas que nos deben respeto.
La participación y la denuncia no son delitos, son derechos que tenemos, por lo que denunciar violaciones de derechos humanos, no es un delito, al igual que reclamar más y mejor calidad en la educación o más y mejor calidad en salud o quejarme cuando los precios del arroz y los frijoles suben, al igual que denunciar cuando un taxista o busero me cobra más de lo que vale el pasaje, o denunciar la corrupción de los funcionarios públicos; tampoco es un delito exigir democracia. Este tipo de leyes son instrumentos que nos ayudarán a salir de esta página oscura de nuestra historia como país.
